Una revisión de decreto 040 de 2022
Una revisión de decreto 040 de 2022
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En aquellas empresas beneficiarias de las ayudas directas previstas en el presente Vivo decreto-clase, el aumento de los costes energéticos no podrá constituir causa objetiva de despido hasta el 31 de diciembre de 2025. El incumplimiento de esta obligación conllevará el reintegro de la ayuda recibida.
en los puntos de cesión de los títulos de transporte o por los medios que se consideren más adecuados y proporcionados en función de la naturaleza de los servicios, los canales de liquidación y las características del beneficiario de las ayudas.
«La matriz de requisitos legales requiere actualizaciones constantes para reflectar los cambios en la normatividad. Sin embargo, puede ser un desafío mantenerse al día con las publicaciones diarias del Diario Oficial.
En las restantes medidas sobre Seguridad Social todavía concurren los presupuestos que justifican ir a la fuero de urgencia. En cuanto a la modificación del texto refundido de la Clase de Clases Pasivas del Estado, supone el cumplimiento de la Recomendación 11 del Pacto de Toledo, para el Régimen de Clases Pasivas. Se acomoda así este régimen singular a la disposición transitoria trigésima novena del texto refundido de la Calidad Militar de la Seguridad Social, que establece una subida de la pensión máxima para compensar el incremento gradual de la colchoneta máxima de cotización desde 2024.
1. Estas medidas de apoyo previstas en el presente capítulo son compatibles y acumulables con cualquier otra subvención o ayuda que pueda estarse concediendo con la finalidad de aminorar el precio final de abono de los billetes multiviaje expedidos por los prestadores del servicio.
Esto permitiría extender el régimen transitorio para determinadas inversiones extranjeras directas realizadas por residentes de la UE y de la AELC, siempre que concurran los siguientes supuestos: se trate de inversiones extranjeras directas sobre empresas cotizadas en España, o en empresas no cotizadas si el valor de la inversión supera los 500 millones de euros, y se realice en los sectores citados en el apartado 2 del artículo 7bis de la Ralea 19/2003, de 4 de julio, y pueda potencialmente afectar a la seguridad, orden o Salubridad públicos.
Por la cual se definen las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Doctrina Globalmente Armonizado (SGA) de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos en los lugares de trabajo y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química
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a) Un estiércol de 10 viajes por zonas y núcleo con las condiciones y precios establecidos en sus tarifas habituales, válidos para ser utilizados durante un año desde la día de inicio de vigencia.
En cualquier caso, todas las actividades de comunicación o difusión sobre la implantación de los descuentos a que se hace relato en esta norma deberán incluir de manera expresa que reciben financiación del Empleo de Transportes y Movilidad Sostenible, e incluirán el logotipo específico que estará habitable en la Sede Electrónica del Profesión de Transportes y Movilidad Sostenible.
1. Desde el 1 de enero de 2025, los trabajadores autónomos que vinieran percibiendo el 31 de diciembre de 2024, las prestaciones por cese de actividad como consecuencia directa de la erupción volcánica registrada en la zona de Cumbre Vieja de La Palma, prevista en el apartado unidad del artículo 36 del Positivo Decreto-ley 4/2024, de 26 de junio, por el que se prorrogan determinadas medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y se adoptan medidas urgentes en materia fiscal, energética y social, seguirán percibiéndolas, sin que se computen, a efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos, los seis meses de prestación de cese de actividad prevista en este apartado.
Aquellos deudores de los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte inscritos en el Registro de personas afectadas por el volcán cuyos ingresos principales provengan de la agricultura que hubieran solicitado la suspensión de sus obligaciones o la prórroga de la misma en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del Existente Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma, podrán solicitar, hasta el 15 de febrero de 2025, una suspensión adicional de seis meses de sus obligaciones de plazo derivadas de los contratos de préstamo o crédito con o sin seguro hipotecaria. En todo lo demás, serán de aplicación los artículos 15 a 24 de este Existente decreto-ley.»
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